Con motivo de la celebración del XVIII Congreso Mundial de Personas Sordas, la WFD (Federación Mundial de Personas Sordas) ha hecho pública una carta que enfatiza el valor de las lenguas de signos como motor para la consecución de los derechos humanos, civiles, culturales y políticos de las personas sordas. En ella, la entidad reafirma su compromiso para “dar los pasos que sean necesarios en la salvaguarda de la inclusión de estas ciudadanas y ciudadanos en la sociedad” tal y como establece la Declaración Universal de los Derechos Humanos, la Convención de la ONU sobre los Derechos del Niño (CRC), la Convención de la ONU sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad (CRPD), la Convención de la ONU para la Eliminación de todas las formas de Discriminación contra la Mujer (CEDAW), la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible y sus Objetivos de Desarrollo Sostenible y todos los tratados internacionales sobre derechos humanos.
El documento se ha dado a conocer durante el acto de clausura de este Congreso celebrado en París del 23 al 27 de julio, y en el que se han dado cita más de 2.500 participantes de 136 nacionalidades. La CNSE (Confederación Estatal de Personas Sordas) miembro fundador de la WFD, participó en el Congreso con varias conferencias impartidas por profesionales sordos y sordas de la entidad.
Derechos lingüísticos
La WFD define las lenguas de signos como “lenguas tan completas, complejas y naturales como cualquier otra”, y las califica de “elementos clave en la inclusión de las personas sordas en la sociedad, y en la construcción de la propia identidad y de la comunidad sorda”. De hecho, advierte que “el uso de la lengua de signos es un derecho humano fundamental” y que “restringir su uso a las personas sordas es negarles sus derechos lingüísticos, contravenir su libertad y dignidad, y vulnerar leyes nacionales e internacionales que apoyan su respeto, protección y promoción”.
En este sentido, defiende un “cambio de paradigma desde el modelo médico de discapacidad hacia el modelo de derechos humanos” en consonancia con la Convención Internacional de los derechos de las Personas con Discapacidad, que reconoce a la comunidad sorda como una minoría lingüística y cultural.
Además, plantea como reto futuro la “creación de un centro de investigación de la lengua de signos, y el establecimiento de programas de ‘Deaf Studies’ en universidades y en otras instituciones académicas”.
Educación bilingüe
En lo que respecta a la infancia sorda, manifiesta que una educación inclusiva de calidad sólo puede conseguirse a través de la provisión de educación bilingüe en la lengua de signos nacional y la lengua escrita. “La adquisición de una lengua desde una edad temprana es crucial en la alfabetización y el desarrollo de las capacidades cognitivas de la infancia, y en el caso de la infancia sorda, esto pasa por la lengua de signos”.
La WFD apuesta por un modelo de escuela bilingüe en la que el profesorado debe dominar la lengua de signos con un nivel de fluidez nativo, y en la que las niños y niños cuenten con modelos adultos sordos. De igual forma, insta a los gobiernos a “apoyar a las familias en el aprendizaje de estas lenguas para que puedan comunicarse con sus hijas e hijos de una forma natural”.
Entornos accesibles
Otra de las cuestiones que subraya la declaración, es la necesidad de facilitar formación en lengua de signos al amplio abanico de profesionales que pueden interactuar directamente con personas sordas como, por ejemplo, personal sanitario, trabajadores sociales, profesorado, o funcionariado. A ello se suma, la presencia de intérpretes de lengua de signos cualificados o de servicios de videointerpretación en los ámbitos que se requiera, y un acceso sin barreras a la información sanitaria y a los servicios de salud.
Este compromiso con la accesibilidad, también es importante en el entorno laboral ya que según recoge la citada declaración “la presencia de la lengua de signos favorece que los trabajadores sordos puedan explotar sus capacidades y alcanzar su máximo potencial”.
Igualdad de oportunidades
Partiendo de la máxima “Lengua de Signos, derechos para todos”, la WFD subraya que “las comunidades sordas forman parte de una interseccionalidad única conformada por infancia, juventud, mujeres, mayores, LGTBIQA+, migrantes, personas sordociegas, familias, etc. Para ellos, reclama la implementación de medidas especiales que, a través de la lengua de signos, posibiliten su participación igualitaria en la sociedad.
Especial atención brinda a las mujeres sordas, “un colectivo infrarrepresentado que afronta una doble discriminación por motivo de género y discapacidad”, y para las que solicita “protagonismo en el proceso de toma de decisiones” tanto dentro como fuera de las entidades de personas sordas.
Nada para las personas sordas sin las personas sordas
En la carta, se resalta la importancia de facilitar la financiación, capacidad constructiva y empoderamiento suficiente a las organizaciones de personas sordas, a las que se refiere como agentes de cambio capaces de construir y liderar alianzas sostenibles para el cumplimiento de sus derechos humanos. “Nuestro colectivo colocará a las personas sordas como actores de su propio destino e inclusión en la sociedad” afirma la WFD.
Por último, hace un llamamiento a los gobiernos, y a todas las entidades de la sociedad civil para que se adhieran a esta declaración, de manera que el principio “Nada para las personas sordas sin las personas sordas” sea una realidad.
Carta íntegra en castellano: https://bit.ly/2ZoGH6W
Fuente: CNSE
