La Confederación Española de Familias de Personas Sordas (FIAPAS) se muestra decepcionada ante el acuerdo adoptado por la Comisión de Prestaciones Sanitarias en relación con la cobertura sanitaria de la prestación por audífonos, única prótesis externa contemplada en la Cartera Ortoprotésica que discrimina por razón de edad a sus beneficiarios.
La ministra de Sanidad, Dolors Montserrat, informó en el pasado Pleno del Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud del acuerdo adoptado por la Comisión de Prestaciones Sanitarias para ampliar la edad máxima para financiación de audífonos hasta los 26 años, que queda sujeta a unos plazos que no harán efectiva dicha ampliación hasta el año 2021 en el mejor de los casos.
Tras muchos años reivindicando que los audífonos deben ser una prestación de carácter universal para toda persona sorda a la que le hayan sido prescritos por un médico otorrino, la Confederación Española de Familias de Personas Sordas (FIAPAS) recibe, con un sentimiento agridulce, el anuncio realizado por la ministra de Sanidad al Pleno del Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud sobre el acuerdo alcanzado para ampliar la edad de financiación de los audífonos, pasando de los actuales 16 años a los 26.
En aras de avanzar hacia la cobertura universal, con independencia de la edad de la persona sorda, FIAPAS propuso al Ministerio una ampliación progresiva por tramos de edad, en un único plazo, siendo los 26 años el primer tramo. El objetivo trazado era un serio y comprometido avance hasta terminar con esta situación de injusta discriminación que afecta a las personas con sordera, pues los audífonos son la única prótesis externa incluida en la Cartera Ortoprotésica que limita la edad de sus beneficiarios.
Sin embargo, la decisión adoptada por la Comisión de Prestaciones Sanitarias y ratificada en el Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud se decanta por acometer la ampliación de manera gradual, inicialmente hasta los 20 años e incorporando tramos de edad anuales de dos en dos años hasta los 26. Este planteamiento minora sustancialmente lo que podría haber sido un paso aplaudido por las familias y las personas sordas, que llevamos años esperando un gesto hacia la equiparación de derechos dentro del Sistema de Salud.
En este contexto, el avance que se produce se ve empañado por la decepción de ver de nuevo que la deuda que la Sanidad Pública tiene con las personas sordas y sus familias no remite al ritmo que todos esperábamos.
Dado que todavía resta parte del trabajo de tramitación de la norma que regulará la actualización prevista, confiamos en que las comunidades autónomas, en cuyas manos está la gestión de las prestaciones sanitarias, revisen el acuerdo alcanzado y mejoren lo acordado en el seno del Consejo celebrado el pasado 24 de abril, haciendo efectiva la ampliación de la prestación por audífonos en un único plazo, sin recurrir al muy poco afortunado establecimiento de tramos.
